Los combustibles fósiles  – petróleo, carbón y gas – son el principal motor de la crisis climática actual que amenaza la vida de miles de personas en todo el mundo y la salud de nuestro planeta. A pesar de ello, muchos países, empresas y bancos siguen planeando, aprobando y financiando nuevos proyectos de combustibles fósiles.

El Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF) es un llamado a eliminar gradualmente la producción actual a nivel mundial y promover soluciones reales para una transición justa hacia energías limpias a nivel mundial. Esto debe hacerse teniendo en cuenta las responsabilidades diferenciadas de los países y sus capacidades de transición.

Necesitamos un mecanismo internacional que complemente el Acuerdo de París, donde se prohíba explícitamente la no proliferación y reducción del uso de los combustibles fósiles, ya que estos representan una amenaza a la existencia de la humanidad. La no proliferación de estos combustibles es indispensable para abordar explícitamente la causa fundamental de la crisis climática.

El TNPCF representa una esperanza real para un futuro más seguro y sostenible para todas las personas en el planeta, y ha sido respaldado por diversas comunidades indígenas, naciones insulares del Pacífico, científicos, Premios Nobel y organizaciones civiles alrededor del mundo.

Como ocurre con los países altamente dependientes de combustibles fósiles, México enfrenta grandes retos en el sector energético. Por un lado, debe gestionar de forma más efectiva sus recursos energéticos para satisfacer la creciente demanda, y por otro, debe transitar a patrones energéticos más sostenibles y garantizar energías limpias a un costo competitivo sin dejar a nadie atrás.

Estas tensiones se agravan en el contexto de una mala gestión de los ingresos petroleros y un sector energético fuertemente subsidiado. México depende cada vez más de las importaciones de estos combustibles, con lo que enfrenta el riesgo de las alteraciones en los precios de dichos combustibles, agravando la inseguridad energética. A esto se suma un marco regulatorio débil y una política que desalienta la inversión en tecnologías limpias. Al mismo tiempo, México es uno de los diez países más expuestos, vulnerables y con menor capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático y vive algún grado de pobreza energética.

Atender estos retos requiere cambios fundamentales en el sistema energético mexicano. El primer paso es comprometerse a diversificar sus fuentes energéticas a través las energías renovables, apostar a la eficiencia energética, incluyendo en la producción de petróleo y gas (para reducir las emisiones de metano), transitar hacia la electrificación del transporte, destinar la producción menguante de petróleo a sectores como la petroquímica, así como reducir importación y el consumo de combustibles fósiles para afrontar la baja en la demanda prevista a nivel mundial y su posible pérdida de competitividad e influencia global.